En Venezuela, como en gran parte del planeta, actualmente existen una serie de problemas socio ambientales de gran magnitud, tales como la desertificación, la disminución de la superficie de bosques, la pérdida de la biodiversidad, la pobreza y la incidencia de enfermedades y riesgos en la seguridad, causados por el deterioro ambiental. A estos problemas se suman las graves amenazas que se predicen como consecuencia del cambio climático global.
Todos estos procesos de deterioro tienen peligrosos efectos sobre la calidad de vida de la población, y en particular inciden de manera muy negativa sobre las comunidades de menores recursos económicos, grupos tradicionalmente excluidos. Esta situación, ha sido una de las consecuencias de la implantación de un modelo de desarrollo caracterizado por ser social, cultural, ambiental y éticamente insostenible. Este modelo prioriza el desarrollo económico y las ganancias económicas sobre todas las otras consideraciones.
Para ello recurre a monetizar todos los elementos naturales - incluyendo las relaciones humanas – a depredar los recursos naturales de manera irresponsable y, a menoscabar las condiciones ambientales de las poblaciones, aún aquellas relacionadas con su salud y seguridad, así como a impulsar, a través de los grandes medios de comunicación, la implantación de una cultura centrada en el consumismo, el individualismo y el etnocentrismo.
En las últimas décadas, este proceso se ha venido acelerando, multiplicando a su vez los signos de alarma, de tal manera que ya es un consenso entre los científicos del mundo que de seguir el proceso de deterioro, se está poniendo en peligro la salud y equilibro del sistema global. Bajo estas condiciones es indispensable cambiar este modelo de desarrollo, en el sentido de implantar un modelo que propicie la responsabilidad, la solidaridad y la justicia como principios éticos permanentes de la acción humana. Estos principios deberán guiar los procesos sociales, científicos, tecnológicos y culturales en todos los ámbitos humanos.
De allí, parte la necesidad de establecer el concepto de Desarrollo Sustentable, presente en la Constitución de República Bolivariana de Venezuela, como marco orientador de un nuevo modelo de desarrollo socialmente justo, ambientalmente responsable y económicamente equitativo. Para ello, se requiere avanzar hacia una cultura de la sostenibilidad, fundamentada en un marco ético que establezca límites al crecimiento económico, en función de las restricciones y procesos de los sistemas ecológicos, que defina marcos para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y promueva vías para la acción humana responsable, a partir de la comprensión de la interdependencia de los sistemas ecológicos, económicos y sociales.
Por otra parte, este modelo de desarrollo deberá tener un claro enfoque humano orientado a que promover el mejoramiento del bienestar de la población, en especial aquellos tradicionalmente excluidos. Este proceso deberá estar basado en valores de solidaridad, cooperación, justicia y equidad y deberá promover el desarrollo de los derechos humanos, así como el logro de una mejor calidad de vida, alcanzar así un mejoramiento sustancial, especialmente en las áreas de empleo, educación y salud.
En este momento vivimos una nueva etapa del desarrollo nacional, orientada por los parámetros de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Ésta determina que la Educación Ambiental es un derecho de todos los ciudadanos del país (Art. 107), así mismo establece el derecho de toda la población a disfrutar de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado (Art. 127). Este mandato constitucional nos obliga a reiniciar este proceso de transformación bajo nuevos enfoques, con la exigencia de alcanzar avances efectivos en este proceso transformacional.
Ahora bien, no basta con insertar en los currículos algunos temas ecológicos para transformar el sistema educativo. Por el contrario, será necesario abordar la problemática ambiental existente desde una visión integradora, donde se tome en cuenta tanto el ámbito científico como los saberes populares, con el fin de que se generar situaciones pedagógicas que permitan la revisión de los valores, los patrones de comportamiento y los modelos de desarrollo que han orientado la gestión de nuestros recursos. Esto, evidentemente implica, concebir a la educación ambiental como un proceso que conduzca, a ciudadanos y ciudadanas, a comprender la relación e interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico del contexto físico natural, sociocultural, político y económico, por medio de la apropiación de la realidad concreta, obteniendo así, que en ellos y en la comunidad, puedan generarse actitudes y valores de respeto por el ambiente, solidaridad humana y justicia social.
Por otra parte, los cambios curriculares necesarios para la inserción de la temática ambiental en las IES, no pueden realizarse de manera aislada del resto de las funciones universitarias. Una institución tendrá una verdadera capacidad de transformación en la medida que sea un ejemplo de gestión ambiental apropiada y a su vez desarrolle una acción permanente de trabajo, en conjunto con las comunidades donde están insertas las claves para la solución de sus problemas ambientales específicos. Este enfoque nos habla de una triple vertiente de estas Políticas, propulsando la transformación de las IES hacia un modelo de interconexión, responsabilidad social y comunicación permanente, entre las áreas de formación indisolubles, desarrollo de conocimientos y participación en la solución de problemas.
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